Un juzgado declara nulo el rescate del túnel de Sóller

Un juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma ha declarado nulo el rescate del túnel de Sóller porque considera que el Consell de Mallorca no justificó bastante los motivos para anular la concesión pública a la empresa Globalvia.

Es el mismo órgano que ya paralizó durante meses la operación al estimar las medidas cautelares que planteó la empresa y la situación se desbloqueó cuando el Tribunal Superior de Justicia anuló la suspensión en 2018 y, desde entonces el túnel es gratuito.

La resolución, según publica El Confidencial, se basa en que, además de justificar el interés público de la contrata, a la hora de anularla, la administración debe detallar los motivos concretos por los que toma la decisión. El juez aprecia que el expediente del Consell era incompleto en ese sentido.

La decisión del juzgado no revierte la situación de forma automática ni mucho menos. Se trata de una sentencia en primera instancia que puede ser recurrida ante el TSJB y más tarde ante el Tribunal Supremo, en un proceso que puede llevar varios años y, en todo caso, que irá más allá de 2022, cuando habría expirado la concesión.

Así, en realidad, lo que hay sobre la mesa es una posible mayor indemnización para el concesionario. Globalvia y el resto de empresas del sector afrontan otras operaciones similares y buscan un precedente para frenarlas.

Instas al Consell a recurrir

El PSIB-PSOE ha reivindicado este jueves el rescate del Túnel de Sóller e insta al Consell de Mallorca a recurrir la sentencia que lo anula.

La formación socialista ha defendido por medio de un comunicado, la legitimidad de la medida adoptada entonces por el Consell de Mallorca, y ha recordado que no se trata de una sentencia firme y que por lo tanto se puede recurrir

«Los Socialistas de Mallorca instan al Consell de Mallorca a recurrir la sentencia del Túnel de Sóller que se ha dado a conocer hoy y anula el rescate de la concesión del túnel», ha apuntado.

«En su día el Consell Insular tomó una decisión de manera legítima» ha señalado Alcover, quien ha matizado que «no sólo es cuestión de dinero, no se trata de cuánto tenía que pagar, sino de quien tenía que pagarlo».