Madrid amenaza con impugnar la norma del Govern balear en contra de los fondos buitre

El Govern balear y el Gobierno de Pedro Sánchez deberán sentarse a negociar para evitar que el decreto ley de medidas urgentes en materia de vivienda acabe en el Tribunal Constitucional. La ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, avisa de que este decreto ley, validado en febrero por el Parlament, tiene varias disposiciones inconstitucionales.

Ambos gobiernos han acordado la creación de una comisión bilateral para resolver las discrepancias con respecto a la ley. El desacuerdo afecta básicamente a medidas para controlar la actividad de los fondos buitre y de los grandes bancos.

El Gobierno considera que Baleares no tiene competencias para ejercer el derecho de tanteo y retracto cuando se produce una venta de viviendas entre grandes tenedores. El Govern pretende tener derecho de compra preferente porque la propiedad de esos pisos se consiguió de forma mayoritaria con desahucios.

Plusvalías

«Los bancos obtuvieron plusvalías con las ventas y nosotros creemos que la Comunitat debe tener derecho preferente», señaló el director general d’Habitatge, Eduardo Robsy.

Otra de las medidas del decreto ley que cuestiona el Gobierno es el hecho de que los bancos tengan que ofrecer la posibilidad de un alquiler social a las familias que desahucien por impagos. El Gobierno de Pedro Sánchez entiende que se trata de normativa básica estatal, por lo que el Govern no tiene competencias para legislar en la materia. El Gobierno también cree que las medidas para agilizar el procedimiento administrativo vulneran la ley básica estatal, así como todo un amplio apartado dedicado al desarrollo de planes especiales de vivienda de titularidad pública. El Govern buscaba agilizar la tramitación de estas viviendas y conseguir más suelo.

El director general d’Habitatge se mostró convencido de que las dos administraciones llegarán a un acuerdo favorable para los intereses de Balears. Recordó que sucedió lo mismo con la Ley de Vivienda, sobre la que también hubo una amenaza de recurso de inconstitucionalidad que finalmente no prosperó.

Robsy explicó que Balears está siendo una comunidad pionera en legislación de vivienda y el Gobierno mira con detalle toda las normas que se aprueban en las Islas. Señaló que uno de los objetivos de la ley que ahora se cuestiona era «marcar de cerca» a los grandes tenedores para que no hicieran negocio con inmuebles conseguidos durante la anterior crisis. «Los grandes tenedores y los bancos salieron beneficiados de esa gran crisis y nosotros queremos poder socializar esos beneficios», dijo.

Justificación

El director general está convencido de que el Govern podrá justificar la necesidad de estas medidas en las Islas, que además son específicas para Balears por la singularidad que presenta en materia de vivienda. En cualquier caso, aseguró que, si finalmente debe modificarse la norma, la voluntad del Ejecutivo balear es que los cambios mantengan «el espíritu» del decreto ley.