Los alcaldes de Baleares rechazan prestar su remanente al Gobierno

Todos los alcaldes de Baleares acordaron este viernes en una reunión de urgencia rechazar de forma unánime las condiciones del Acuerdo entre el Gobierno de España y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) por el que el Gobierno central flexibiliza la aplicación de la ley de gasto a los ayuntamientos que le presten voluntariamente su remanente económico. El remanente de los municipios de Balears supera los 555 millones de euros.

Paradójicamente los ayuntamientos acumulan todo ese dinero en el banco porque la Ley Estatal de Estabilidad Presupuestaria (conocida popularmente como Ley Montoro) les impide gastarlo. La suma total del remanente de los ayuntamientos de España ronda los 115.000 millones de euros.

Regla de gasto

El acuerdo de la FEMP con Hacienda, que la Federació de Municipis de les Illes Balears (FELIB) rechaza, contempla que la Administración General del Estado realice un ingreso no financiero a las entidades locales (proporcional a la cantidad que cada municipio le preste) para que cada municipio pueda invertir «con autonomía» estos recursos «en agenda urbana y movilidad sostenible, cuidados de proximidad y cultura». Este gasto quedará «excepcionalmente excluido del cómputo a los efectos del cálculo de la regla de gasto».

Cabe recordar que la llamada regla de gasto impide que los municipios puedan gastar más dinero del que gastaron en el ejercicio presupuestario anterior, por mucho que aumenten sus ingresos o necesidades.

El Estado transferiría en el ejercicio 2020 un máximo de 2.000 millones de euros (a repartir entre todos sus ayuntamientos prestamistas) y 3.000 millones de euros en el ejercicio 2021. El importe restante de los préstamos se amortizaría en diez años a partir de 2022.

La FELIB aprobó este viernes por unanimidad un documento que rechaza no solo las condiciones del acuerdo entre Hacienda y la FEMP, sino también la forma en la que la Federación Estatal ha sacado a la luz la propuesta «sin tener en cuenta a las direcciones territoriales». La FELIB «valora positivamente que se abra una puerta al uso de los remanentes, pero exige que se negocien mejores condiciones en las que prime la autonomía para que los ayuntamientos puedan hacer las inversiones o gastos generales que consideren oportunos». El documento pactado por todos los alcaldes solicita una vez más que se derogue la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

El alcalde de Costitx y presidente de la FELIB, Toni Salas, mostró su «orgullo» por haber alcanzado un acuerdo entre todos los alcaldes de Baleares con independencia de sus siglas políticas. «Es un acuerdo unánime que me congratula porque muestra la madurez de la política», dijo. La FELIB remitió ayer de urgencia el documento de rechazo de la propuesta a la FEMP. A media tarde, la FEMP ha decidido posponer para la semana próxima la reunión de su Junta de Gobierno que debía aprobar el pacto con Hacienda.

Si finalmente la FEMP no rectifica y aprueba la propuesta tal y como debía someterse a votación, esta deberá seguir después un trámite parlamentario en el que los diferentes partidos podrían introducir enmiendas.

El PP presentará mociones en los ayuntamientos

El PP balear anunció este viernes que registrará una moción en todos los ayuntamientos del Archipiélago para reclamar que los ayuntamientos puedan disponer de todos sus remanentes económicos para paliar los daños causados por la pandemia.

La moción instará al Gobierno central a flexibilizar las reglas para que los ayuntamientos puedan destinar su superávit a impulsar planes municipales de cara a la reactivación económica.

Insta también a la presidenta del Govern balear, Francina Armengol, a que «defienda y apoye los intereses de los ayuntamientos de Balears frente al Gobierno central». El PP balear recuerda que las entidades municipales llevan años reclamando al Gobierno central una mayor flexibilidad para poder aplicar los superávit acumulados.

Aunque la llamada ‘Ley Montoro’ la aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy en 2013, el presidente del PP balear, Biel Company, ya cuestionó el jueves que la norma todavía siga vigente tantos años después.