Esto es todo lo que se sabe de la trama de estafas e inmigración ilegal en Palma

El pasado jueves 18 de febrero dos abogados de Palma fueron detenidos en el marco de una gran operación policial que investiga una presunta estafa millonaria. Estas detenciones y el conjunto de la operación fueron posibles gracias a la confesión de uno de los presuntos cabecillas del entramado, que lleva más de una semana en prisión.

La trama estaba supuestamente formada por empresarios, abogados, funcionarios e inmigrantes, que manipulaban documentación para obtener ayudas, conseguir nacionalidades y también para solicitar préstamos de forma irregular.

El primer detenido

Un empresario, cuyas iniciales son C.L., relacionado con peluquerías low cost y un gimnasio, que usaba como tapaderas. En 2017 ya fue detenido en una macrooperación de la Policía Nacional contra el tráfico de sustancias estupefacientes, dopantes y anabolizantes.

Tras ese episodio, aseguraba haberse desvinculado de algunas amistades tóxicas y del dinero fácil. «He cometido algunos errores en el pasado», explicó en una entrevista concedida a este periódico.

C.L. se encuentra en prisión preventiva desde hace una semana tras confesarlo todo. Reconoció que cobraba entre 5.000 y 8.000 euros a cada inmigrante para regularizar -con la ayuda de los abogados detenidos- su situación. Su confesión fue clave.

Los abogados

Se trata de dos abogados de Palma, cuyas siglas son J.M.S y B.T. y que han quedado en libertad con cargos después de prestar declaración con el juzgado de Palma a través de una videoconferencia.

Los dos profesionales han pasado tres días en los calabozos de la Jefatura palmesana tras el registro de su despacho ubicado en la Avenida Comte Sallent. Durante el registro se incautaron ordenadores y hasta siete cajas de documentos.

Los funcionarios

The National Police también investiga a un alto funcionario de Extranjería de la Delegación del Gobierno, a un técnico del Tamib y a un guardia civil. Agents of the Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF) ya han imputado a varios sospechosos.

El funcionario de Extranjería de la Delegación del Gobierno fue citado a declarar el pasado miércoles en calidad de imputado, pero se negó a declarar porque las diligencias están secretas y no sabe realmente de qué se le acusa

Así funcionaba la trama

El grupo de abogados, empresarios y funcionarios se dedicaba presuntamente a regularizar documentación de inmigrantes y también a estafar a empresas dedicadas a la concesión de créditos rápidos.

Según ha podido saber esta redacción, los inmigrantes eran normalmente contratados en alguno de los negocios vinculados a un empresario que desde hace varios días ya se encuentra en prisión.

Posteriormente entraban en juego los dos abogados y, presumiblemente, varios funcionarios, que eran los encargados de facilitar la regularización de estos trabajadores. Por este tipo de gestiones, los inmigrantes debían pagar entre 5.000 y 8.000 euros.

Además, esta trama de inmigración irregular también se dedicaba a cometer estafas a empresas crediticias. En este caso, se solicitaban préstamos personales a nombre de personas que no tenían conocimiento alguno de ello.

En este sentido, se llegaron a formalizar préstamos de hasta 40.000 euros. La investigación continúa bajo secreto de sumario y está previsto que en las próximas horas se produzcan nuevas detenciones.

La estafa supera el millón de euros.