En Palma hay programado un desahucio cada 2,7 días entre noviembre y marzo

Entre los meses de noviembre y marzo hay programados un total de 54 desahucios en Palma, lo que supone un lanzamiento cada 2,7 días.

La regidora de Model de Ciutat, Neus Truyol, aseguró ante estas cifras «dramáticas» que «los desahucios no son una anécdota sino que está en el día a día de los barrios y de las familias».

La regidora volvió a denunciar la grave emergencia habitacional que se vive en la ciudad y la «irresponsabilidad» de los grandes responsables, como son los bancos o los fondos buitre ante esta situación.

Destacó el trabajo realizado por la Oficina Antidesahucios desde su creación en el verano de 2015 e informó de que ésta ha conseguido parar dos de cada tres desahucios programados de media durante este tiempo. Estas paralizaciones se realiza a través de la mediación y de un informe de vulnerabilidad que se presenta en los juzgados.

Explicó que normalmente el porcentaje de éxito es más alto cuando se trata de la primera orden de lanzamiento, mientras que cuando se trata de segundas o terceras órdenes «los juzgados los partidarios de parar el proceso».

En cuanto los lanzamientos previstos en los próximos meses, informó de que este mes de noviembre son 13, hasta 17 en diciembre y 20 en el mes de enero. Para febrero y marzo hay previstos por ahora 3 y 1 respectivamente, lo que da un total de 54 en estos 5 meses.

La regidora también apuntó de que desde la apertura de la Oficina Antidesahucios se han abierto cerca de 4.500 expedientes. Pero destacó que cada año es más importante el número de problemas de impago relacionados con los alquileres. Así, Truyol explicó que mientras «en los últimos 4 años se abrieron unos 400 expedientes anuales por problemas para el pago de alquiler, este año 2020 se han abierto más de 700 hasta el 31 de octubre, es decir que se han multiplicado por dos los expedientes relacionados con problemas para el pago del alquiler y es donde hay que poner el foco».

Recordó que «cuando se abrió la oficina el principal problema era el hipotecario, pero actualmente es el alquiler». De hecho, dijo, «ahora mismo hay 327 expedientes vivos que atiende la Oficina Antidesahucios, de los que 208 se refieren acasos de alquiler, que suponen el 64 % del total».

Además destacó el gran aumento de casos tratados por la oficina vinculados con el alquiler durante los primeros meses de la pandemia y del estado de alarma (marzo, abril y junio).

En cuanto a los expedientes abiertos por impagos hipotecarios apuntó que «si en 2016 se gestionaron 286 expedientes por este motivo, este año se han abierto por ahora 102, es decir cerca de un tercio de la casuística de hace cuatro años».

Otro dato aportado por la responsable municipal es el incremento de las ayudas económicas puntuales dadas por la oficina antidesahucios. El año pasado no llegaron a los 70.000 euros mientras que este año han sido 177.000 euros, «lo que demuestra la grave situación que se padece ahora en Palma».

La política de Més insistió en su denuncia de «la irresponsabilidad de los grandes tenedores como los bancos y los fondos buitre ante esta situación de vulnerabilidad».

Informó de que los bancos tan solo han concedido un 37 % de los alquileres sociales solicitados desde el año 2015. Detalló que desde 2015 a día de hoy se han solicitado a través de la Oficina Antidesahucios 373 alquileres sociales a los bancos y solo se han concedido 139. En 2016, por ejemplo, se concedieron 61 alquileres sociales pero este año solo se han conseguido dos.

Ante todo ello, Truyol reclamó que el Estado suspenda, como hizo durante el estado de alarma, todos los desahucios, que se realicen los cambios normativos necesarios para limitar el precio de los alquileres o para poder aumentar el IBI a los pisos vacíos y que se agilice el pago del ingreso mínimo vital. También exigió a Govern balear que tome medidas para obligar a estos grandes tenedores a la cesión a los ayuntamientos de sus pisos vacíos.

En cuanto al perfil de las personas que acuden a la Oficina Antidesahucios, la regidora explicó que el problema no afecta tanto a las personas mayores por cuanto el 81% de los casos que se atienden se refieren a personas que están entre los 30 y los 65 años. Además un 34 % son parejas con hijos, un 23 % son familias monoparentales y un 15% son personas que viven solas. Por último dijo que en el 64 % de los casos la persona que acude a la oficina es mujer «lo cual demuestra no solo la feminización de la pobreza sino también la feminización de la búsqueda de soluciones a este problema de la vivienda».