Decepción y nervios en Son Güells ante la inminente decisión sobre la hormigonera

El jueves 10 de diciembre, la Comissió Balear de Medi Ambient de Balears decidirá finalmente si vota favorablemente o no a la construcción de una planta de fabricación de hormigón preparado en Son Güells, muy cerca de una zona residencial y un centro de mayores. Los residentes en la zona cruzan los dedos para que la decisión política sea negativa, después del sí de la ponencia técnica. De no ser así, saben que sus vidas, y sobre todo su salud, se van a ver afectadas por este proyecto por lo que no piensan rendirse y ya se han puesto en contacto con un abogado.

La Comissió no abordó esta votación en su reunión de noviembre, como estaba previsto, al haber reclamado el presidente de la misma, Antoni Alorda, al Ajuntament que aclarase si la suspensión de licencias aprobada por un año en la zona de Son Güells afecta a la planta. Desde Urbanisme se respondió que la moratoria no puede aplicarse a este proyecto. No obstante, el Consistorio ha enviado un informe desfavorable a la Comissió sobre la cementera.

Ante este situación los vecinos reconocen sentirse «muy decepcionados con los políticos, que se han ido pasando la pelota y seguimos con esta incertidumbre», declara la presidenta de la Associació de Veïns de Son Güells, Rosana Bustamante.

Asegura la portavoz que el promotor de la obra ya ha advertido de que si el proyecto no sale adelante reclamarán una indemnización «y al parecer nadie quiere asumir esta compensación, aunque todos saben que la planta no debe hacerse, y nosotros sentimos que están jugando con nosotros y nuestras vidas».

Los afectados tienen claro el gran impacto negativo que tendrá la hormigonera y, de hecho, cuentan con el respaldo de la Asociación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado (ANEFHOP) cuyo incuestionable informe han incluido en las alegaciones presentadas.

Informe demoledor

En este informe, la asociación considera «inadecuada la instalación de una central de fabricación de hormigón en un entorno urbano o en las proximidades de viviendas o instalaciones de uso ciudadano debido a que, aunque la implantación de las medidas de protección ambiental actualmente disponibles posibilita reducir el impacto de estas instalaciones, el tráfico que inevitablemente genera es fuente de riesgos, ruidos y molestias, incompatibles con zonas residenciales». En dicho informe se asegura también que «podría ser gravemente perjudicial su instalación dentro o colindante con el casco urbano y habitado de una ciudad como Palma».

Los impactos, relata Bustamante, serán múltiples, de salud, medioambiental, acústico, para la movilidad e incluso visual. «Además del reconocimiento unánime de que hay un error en la calificación del suelo y en la ubicación de la parcela –destaca–, esta planta de hormigón requerirá para producir lo que quiere, que son 120 metros cúbicos a la hora, 162.000 kilos/hora de arena, 82.000 kilos/hora de grava, 45.000 kilos/hora de cemento y 24.750 litros/hora de agua, un agua que se cogerá de la red pública y quizá nos quedemos sin agua, pues ese consumo equivale a 1.800 viviendas más».

Desde el punto de vista de la salud, el que más preocupa a los vecinos, alertan de que las emisiones de partículas de polvo a la atmósfera que generará la planta puede provocar múltiples enfermedades respiratorias, cardiovasculares y de otros tipos.

«Tampoco se tiene en cuenta que habrá un tráfico de 50 camiones a la hora de gran tonelaje para transportar esos materiales, con el riesgo que supone para una zona residencial y el colapso que supondrá para la vía de cintura».