Archivado el caso Contratos

en nada. Al igual que ocurrió con la querella que puso la Fiscalía Anticorrupción, la del Partido Popular ha acabado en archivo después de que las defensas y el ministerio público pidieran dar carpetazo al asunto. Los populares ni siquiera se pronunciaron cuando la juez les preguntó sobre las peticiones para cerrar la causa.

El auto judicial supone el archivo provisional de la causa contra Jaume Garau, el ex coordinador de campaña de Més; la exconsellera de Cultura, Ruth Mateu; el ex director general Jaume Gomila; el exgerente del Institut d’Estudis Baleàrics, José Ramón Cerdá; el exgerente de la Agencia de Turismo de Balears, Pedro Muñoz y el expresidente del Consell de Formentera, Jaume Ferrer.

La causa original surgió tras una querella de la Fiscalía Anticorrupción que se centraba en dos contratos a las empresas de Garau. Tras varios meses de instrucción, el juez concluyó en el año 2019 que no había indicios ni de fraccionamiento de contratos ni de malversación en los trabajos de consultoría que se llevaron a cabo. Mientras se tramitaba la causa, el Partido Popular decidió interponer una querella para sumarse como acusación y ampliar el número de contratos que se investigaban. Sin embargo, el primer instructor decidió que sólo admitía los que ya tenía encima de la mesa y así, parte de la querella terminó en otro juzgado sólo por las adjudicaciones que no se examinaron en un primer momento. Esta querella fue admitida a trámite y se inició una segunda investigación que es la que ahora termina en archivo.

El primer juez archivó su parte de la causa y los populares no recurrieron esa decisión. Ahora, tras tomar declaración a todos los investigados, el auto concluye: «Se ha acreditado que los contratos se llevaron a cabo dentro del marco legal, no se ha constatado que se hubieran fraccionado los contratos para evitar o eludir requisitos de publicidad para de este modo favorecer a las empresas investigadas». La resolución apunta a que la mecánica administrativa de estos contratos era idéntica a la de los que se consideraron legales en el anterior procedimiento: por un lado se encargaba el trabajo de campo de los estudios que llevaban a cabo empresas especializadas y después las sociedades de Garau se encargaban del análisis.

Los investigados defendieron en sus declaraciones que los informes habían resultado de utilidad para las administraciones públicas. La resolución puede ser recurrida en apelación por el Partido Popular.

Més: «Se demuestra que no todos somos iguales»

El actual portavoz parlamentario de Més per Mallorca, Miquel Ensenyat, celebró la decisión de la jueza y dijo que la querella del PP «sólo era una maniobra partidista y un intento de volver a instrumentalizar la Justicia». Ensenyat lamentó que el PP intentase «reavivar un caso que nunca ha existido, estirando unas acusaciones sin fundamento». «No todos somos iguales», zanjó el diputado.